La verdadera deuda es con los derechos del pueblo argentino

CATDM

La retención de la fragata Libertad en Ghana, y los recientes fallos judiciales en Nueva York ordenando al país pagar nuevas sumas multimillonarias, ponen de manifiesto la persistencia del grave problema de la deuda que sigue condicionando nuestro presente y futuro. En lo inmediato, está en juego pagar algo más que el presupuesto nacional para vivienda y urbanismo durante todo el año 2013, a fondos especulativos que nunca invirtieron para el bienestar del pueblo ni aceptaron reestructurar sus reclamos después del colapso económico y suspensión de pagos en 2001.

Denunciamos la acción de los fondos llamados buitres como antiética e inescrupulosa. Rechazamos como injustas las decisiones de tribunales extranjeros, impuestos extorsivamente en su momento, que no toman en cuenta la fraudulencia, ilegalidad e ilegitimidad del proceso de endeudamiento argentino, totalmente ajeno a los intereses del pueblo y hecho a sus espaldas.

Hacemos notar enfáticamente a todos los actores intervinientes (autoridades nacionales, tenedores de diversos bonos argentinos, jueces, gobiernos, instituciones financieras, intereses económicos y a la opinión pública nacional e internacional), la naturaleza sistémica del problema y reclamamos una resolución que tome en cuenta la ilegitimidad de la deuda exigida y el derecho a la soberanía, dejando de lado las condicionalidades impuestas por las cuales fue resignada y tomando los derechos de las personas y de los pueblos como prioridad absoluta.

Es preciso enfrentar esta situación sobre la base de la Verdad y la Justicia, siendo que la deuda que reclaman los fondos especulativos es un crimen de lesa humanidad que hoy continúa vigente.  Los bonos son descendientes directos de la deuda acumulada en Argentina con un costo de 30.000 detenidos-desaparecidos, miles de mujeres y hombres torturados, asesinados, exiliados, encarcelados y niños secuestrados y desaparecidos, a fin de sostener la dictadura cívico-militar que imperó en el país entre 1976 y 1983 y forzar al país a la camisa de fuerza neoliberal. Esa deuda fue objeto de un fallo de la justicia federal en el año 2000, en el cual se estableció que, en su mayoría, surgía de actos fraudulentos y arbitrarios. Siguen aún pendientes en sede judicial, un dictamen fiscal solicitando su nulidad y varias causas sobre la deuda sucesoria.

El pueblo argentino no tiene porqué pagar una deuda que no le fue consultada ni lo benefició y cuya legitimidad y licitud no han sido comprobadas.  Los actos ilícitos no generan consecuencias licitas, ni pueden ser convalidados, sea cual fuera la institución o mecanismo. El gobierno argentino – y todos los gobiernos – tienen además el derecho y la obligación de priorizar los derechos humanos por encima de cualquier reclamo comercial o financiero.

Nuestro país debe recuperar su soberanía y deben ser juzgados y sancionados los responsables de haberla resignado, a espaldas del pueblo, sea cediendo a la presión de los especuladores y prestamistas, gobiernos e instituciones internacionales o por voluntad endeudadora y pagadora.

Todo ello se puede hacer si existe la voluntad política. El país está preso de un endeudamiento y una institucionalidad gestados en tiempos de represión dictatorial y ofensiva neoliberal. Esto requiere ser modificado para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos y del pueblo, como así también para hacer efectivo un verdadero  NUNCA MÁS.

Por tal motivo, reclamamos:

- 1. Auditar – investigar – la deuda de manera pública, integral y participativa, para separar la ilegítima de la legítima, comenzando con las pretendidas acreencias de los fondos llamados buitres, y suspendiendo cualquier pago hasta su conclusión;

- 2. Anular todos aquellos contratos, leyes, tratados y acuerdos viciados de inconstitucionalidad, condicionalidades extorsivas y otros causales semejantes, en los que se establece la renuncia a la soberanía y la prórroga de jurisdicción a tribunales extranacionales, incluyendo entre otros, los bonos y la adhesión al CIADI;

- 3. Enfrentar a los especuladores impugnando los créditos fraudulentos e ilegítimos;

- 4. Juzgar y sancionar a quienes al emitir bonos ilegítima e inconstitucionalmente, entregaron la soberanía del país y los derechos y patrimonio popular, comenzando con el entonces presidente, Carlos Saúl Menem; el ministro de economía, Domingo Cavallo; los sucesivos procuradores del tesoro; los bancos intervinientes, entre ellos el Bankers Trust y J.  P. Morgan; y las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el FMI.

Argentina, diciembre 2012

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