Murcia: institucionalizando la represión

Pedro Luis López Sánchez

Represión Murcia

Desde la ventana un excitado chico gritaba “¡Toma, toma, toma!”; como el que ve un espectáculo en televisión o en un gran estadio de fútbol, supongo acostumbrado a ver violencia un día sí y otro también como un producto comercial y de consumo. Sin embargo al terminar la carga policial, con un tono de preocupación, comentaba: “A aquel lo han dejado KO, eh”, “Aquel no se levanta”. En ese momento se había informado en directo de lo que significa la represión en su estado más crudo y violento.

El 14 de noviembre se cumplirá un año desde que una treintena de agentes de la UPR – antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía – le destrozaran la cara a Carlos a base de porrazos y patadas, y agredieran a 11 personas más, tras una carga policial desproporcionada y sin provocación previa contra manifestantes totalmente desarmados y pacíficos; en lo que quizá sea el caso más representativo de la represión policial en Murcia. “Contención de la masa” lo denominó el Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Joaquín Bascuñana, en un ejercicio de triple salto mortal con tirabuzón eufemístico. ¿Un caso aislado de tan solo unos cuantos policías a los que se le fue la mano? Desgraciadamente no, la represión en Murcia está totalmente institucionalizada. Pero empecemos esta historia retrotrayéndonos algo mas atrás en el tiempo, hasta el 14 de enero de 2011, día en el que el consejero de cultura de la Región de Murcia Pedro Alberto Cruz fue agredido al grito de “sobrinísimo”.

Meses previos al ya famoso 15 de mayo de 2011 y con el funcionariado en pie de guerra por los primeros recortes que fueron aprobados por la Asamblea Regional la víspera de la Nochebuena del 2010, el 14 de enero de 2011 el consejero de cultura Pedro Alberto Cruz fue agredido por la noche cerca del portal de su casa al grito de “sobrinísimo” provocándole heridas de diversa consideración en el rostro. La Policía Nacional, al mando del entonces Delegado de Gobierno de la Región de Murcia Rafael González Tovar, actual secretario general de los socialistas murcianos, detiene a un joven sin pruebas contra él y comienza toda una campaña de acoso y derribo contra lo que el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Varcárcel, bautizó como la “izquierda poliédrica”, ya que el chico estaba relacionado con el movimiento antifascista murciano. Durante las 72 horas que estuvo retenido por la Policía Nacional, en prensa se dieron detalles personales del mismo y de su familia, incluso información del negocio de su padre, dejando la ética y la profesionalidad periodística a la altura del betún. A esto siguieron entrevistas en radio y televisión a nivel estatal, líneas y líneas de artículos de opinión y toda una campaña mediática por parte del Gobierno Regional en un mísero intento de relacionar la agresión al consejero Cruz con las protestas de los funcionarios. El chico fue puesto en libertad ya que el consejero no lo llegó a reconocer como su agresor y de los motivos reales de la agresión, posiblemente relacionados con la noche murciana, nada se sabe, todo disuelto como un azucarillo. Pero nos quedó alguna explicación sin aclarar, ¿por qué la Policía Nacional retiene 72 horas a un chaval concreto en base a su afiliación ideológica? Ya entonces preocupó esta situación, pero nadie se podía imaginar el nivel de represión que se llegaría a alcanzar en esta región.

El 29 de marzo de 2012, día de la Huelga General contra el gobierno de Zapatero, y con González Tovar aún al mando de la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia, un miembro de la Policía Nacional, en las cercanías de la estación de autobuses de San Andrés, empujó a un participante de un piquete de más de 60 años con el resultado de la rotura de la cadera y del fémur. Aún más, delante de varios testigos el funcionario policial se negó a llamar a una ambulancia para que el hombre fuera trasladado lo más urgentemente posible a un hospital. Se presentó denuncia penal por un delito de lesiones y omisión del deber de socorro.

El 4 de mayo de 2012 se organiza una protesta contra la visita de Emilio Botín, presidente del Banco Santander, a la universidad pública. En el transcurso de la protesta, la Policía Nacional arrebató el teléfono móvil a una de las personas presentes tras agarrarla por el pelo y tirarla al suelo. Días después se le comunica a esta persona que su teléfono móvil está en el juzgado, lo que se aprovecha para identificarla y denunciarla junto a otros tres manifestantes haciendo uso, no cabe otra explicación, de listas negras; ya que las identificaciones no se hicieron en el momento de la protesta, sino posteriormente. El pasado 15 de octubre los cuatro acusados acudieron a la Ciudad de Justicia de Murcia donde se les comunicó que la vía penal había prescrito, quedando abierta la vía contencioso-administrativa que podría ser usada por la Delegación del Gobierno, actualmente dirigida por Joaquín Bascuñana, para imponer sanciones administrativas elevadas como medida ejemplarizante e intimidatoria en lo que se denomina represión de baja intensidad, algo que es usado indiscriminadamente por delegaciones del gobierno en todo el Estado.

En junio de 2012 tres ciudadanos de Murcia decidieron interponer sendas denuncias contra miembros de la UPR por agresiones de todo tipo cuando protestaban pacíficamente delante de los juzgados contra el alcalde de la ciudad de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que se dirigía a declarar como imputado en el caso Umbra. La defensa, a cargo del sindicato policial CEP, basa su argumentación en criminalizar a los denunciantes con la intención de justificar el uso de la violencia excesiva por parte de los miembros de la UPR, acusando a los mismos denunciantes de dedicarse “casi profesionalmente, a alterar el orden público, en cada manifestación, evento, o reunión de personas, llamésele como se le llame, provocando siempre algún tipo de incidencias en la que los mismos son los protagonistas” e incluso destacar la presencia “de un conocido antisistema”. Cabe recordar que ninguno de los denunciantes tiene antecedentes penales, lo que nos lleva de nuevo al uso de listas negras de personas que protestan contra la injusticia que estamos viviendo de corrupción, estafa bancaria y pérdida de derechos.

Prosigamos con uno de los casos más evidentes de montaje policial. El 29 de septiembre de 2012, tras la manifestación en Murcia en el contexto de las protestas en todo el Estado denominadas “Ocupa el congreso”, varios agentes de la Policía Nacional motorizados arremetieron contra los manifestantes en frente de la Delegación del Gobierno de Murcia, dispersándolos entre golpes de porra indiscriminados y amenazas de atropello. Un chico de apenas 16 años, Alan, acabó con el tobillo partido tras el atropello por parte de una moto (necesitó cinco clavos en el tobillo, meses de recuperación en silla de ruedas y le quedarán secuelas para toda la vida), fue apaleado y estuvo retenido en comisaria sin asistencia médica durante horas hasta que se vieron obligados a avisar a su madre y llevarlo a urgencias por su condición de menor. Alan denunció al agente que le atropelló y sus acompañantes lo que provocó una contradenuncia por parte de la Policía Nacional acusando a Alan de haber tirado a un funcionario policial de la moto. Inicialmente la fiscalía pedía nueve meses de internamiento en un centro de menores para Alan (una de las penas más altas pedida a un menor sin antecedentes), petición que tuvo que rebajar a libertad vigilada tras la declaración de los agentes policiales que incurrieron en numerosas contradicciones. Finalmente Alan fue absuelto en un auto donde el juez deja acreditado que el joven no tiró piedras ni había golpeado ninguna moto.

El 12 de octubre de 2012 en el marco de una manifestación convocada por la Coordinadora Antifascista del Sureste, varias personas son denunciadas por altercados con la Policía Nacional que protegía una manifestación de ultraderechistas en Alfonso X el Sabio. Se da la circunstancia que la mayoría de acusados no estaban en la ciudad, alguno tiene un alto grado de minusvalía e incluso los hay que viven hace más de cinco años fuera de Murcia. El fiscal ya ha pedido la libre absolución para 14 de los imputados por estas circunstancias y se está a la espera del fallo. Estas imputaciones nos demuestran una vez más la existencia de listados ilegales en la Policía Nacional de personas en base a su ideología, estética, pertenencia a partidos políticos o sindicatos.

Llegamos a la mañana del 14 de noviembre de 2012, día de la Huelga General en contra de las políticas del gobierno de Rajoy. Cuando las personas que habían participado en algunos de los piquetes que habían confluido en torno a la plaza Fuensanta se estaban despidiendo para ir a comer, efectivos de la UPR acorralaron sin motivo a algunos de los manifestantes en un callejón estrecho repleto de coches y otros vehículos a ambos lados de la calzada, cargaron sin previa provocación física con una proporción aproximada de dos antidisturbios armados hasta los dientes por manifestante desarmado, y finalmente, con toda su crudeza, empujaron a Carlos contra una moto y le patearon la cabeza cuando yacía inconsciente en el suelo. Además, otro de los manifestantes sufrió fractura en una mano y hubo dos detenidos. En un primer momento se intentó justificar la carga policial afirmando que hubo provocación previa con lanzamiento de piedras y objetos y se llegó a decir públicamente que Carlos se tropezó golpeándose con una moto que estaba en la acera. Incluso en el atestado policial se aportaron piedras como pruebas de la provocación previa y unos policías de paisano se hicieron pasar por familiares de Carlos en el hospital de la Arrixaca para acceder al informe médico. Gracias a la colaboración ciudadana y a las diferentes pruebas gráficas que fueron apareciendo en prensa se demostró la actuación represiva y desproporcionada de los antidisturbios. Ante la evidencia, el Jefe Superior de Policía, Cirilo Durán, tuvo que reconocer “mala praxis” en la actuación policial y ordenó la apertura de una investigación interna. Actualmente la fiscalía ha interpuesto una querella contra el Cuerpo Nacional de Policía en lo que parece una actuación del fiscal sin precedentes en el Estado Español.

Hagamos un descanso para tomar aliento. Entiendo que mi querida lectora o lector empezará a estar abrumado, esta sensación abrumadora solo es una pequeña muestra de lo que tienen que soportar las personas que protestan pacíficamente en Murcia contra las políticas de recorte, la pérdida de derechos y los vergonzantes casos de corrupción que inundan los ayuntamientos de la Región de Murcia. Tomemos un poco de aliento pero desgraciadamente tenemos que proseguir.

En enero de 2013 un conocido activista de los movimientos sociales en Murcia fue identificado y denunciado en el trascurso de una protesta, protesta que desde hace un año se va sucediendo en el barrio de Santiago el Mayor a favor del soterramiento de las vías y de la no construcción de un muro que convertiría los barrios del sur de la ciudad en auténticos guetos. Esta misma persona está sancionada con 1.300 € por la ocupación de la Conserjería de Educación y el escrache al consejero Sotoca realizado junto a los compañeros interinos de Aidmur (Asociación de Interinos Docentes de Murcia), en junio de 2013. Cabe señalar que en todas estas protestas se hace uso de resistencia pacífica, por lo que ambas sanciones están recurridas y están pendientes de resolución.

Como todos los martes, el 2 de abril de 2013, día de la conocida fiesta en Murcia del Bando de la Huerta, la plataforma Pro Soterramiento del AVE celebraba una concentración reivindicativa en el paso a nivel de Santiago el Mayor. Miembros de la UPR hicieron su aparición para identificar y denunciar a los allí presentes, todos ellos vecinos del barrio. La UPR empezó a detener a miembros de la plataforma cuando éstos pedían explicaciones por la forma de actuar de la Policía Nacional, una vecina de avanzada edad fue arrojada violentamente contra el suelo lo que provocó la rotura de su muñeca y finalmente hubo cinco detenidos. Una persona tendrá secuelas de por vida, uno de los detenidos denunció agresiones dentro del furgón policial cuando estaba esposado y un tercero fue derivado a un hospital con una angina de pecho debido a los golpes que recibió.

Y terminamos con un caso de represión racista. El 25 de julio de 2013 Abou Diemé salió de madrugada del restaurante en el que trabaja con su mujer, Olga, para ir a por el coche. Mientras maniobraba, varios agentes lo pararon acusándolo de llevar drogas en el coche. Abou les intentó explicar que venía de trabajar en su restaurante y que iba a por su mujer, varios agentes más se incorporaron a la discusión y finalmente recibió un puñetazo por parte de un agente que le hizo caer al suelo, se abalanzaron sobre él insultándole con improperios racistas y siguieron golpeándole, lo que le ha provocado una grave lesión de rodilla que le impide trabajar hasta el momento, pasados ya tres meses de la agresión. Golpeado y esposado lo llevaron a comisaria donde estuvo incomunicado 36 horas y recibió humillaciones e insultos. En el coche de Abou no encontraron ningún tipo de droga y tampoco apareció restos de drogas o alcohol en los análisis de sangre que le hicieron. Tuvo un juicio exprés acusado por estos policías de ¡intentar quitar una pistola a uno de ellos! Abou ha presentado denuncia contra estos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Aparte, los 400 € de la recaudación del restaurante que llevaba en el coche aquella noche siguen sin aparecer.

Durante estos duros años de represión se ha denunciado en reiteradas ocasiones la impunidad de la que gozan los miembros del Cuerpo Nacional de Policía al no ir debidamente identificados con su número de placa, lo que dificulta la denuncia cuando cometen barbaridades como las detalladas anteriormente. En este sentido, el colectivo Atrapa presentó una querella en los juzgados dirigida contra el delegado del gobierno y el jefe superior de policía de Murcia, e iba acompañada de numerosas fotos y vídeos de un total de 6 manifestaciones ciudadanas acaecidas en 2012, en las cuales ningún agente de policía de los extensos operativos que las custodiaban llevaba su número de placa. La juez de instrucción nº3 de Murcia, Dª María de la Fe Tabasco Cabezas, no admitió a trámite la querella, permitiendo que se corra un velo de impunidad ante los responsables políticos por cuya causa la policía se siente sin ataduras para apalear sin que sus actos tengan consecuencias judiciales. Tristemente, la justicia mira hacia otro lado.

Han pasado casi tres años desde que el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Varcárcel, señalara con su dedo acusador a la “izquierda poliédrica” como la culpable de la agresión a su sobrino, a la izquierda social y política que lucha pacíficamente contra los recortes y contra la pérdida de derechos de toda la población. Visto desde la perspectiva que nos da el tiempo, pareciera como si aquel dedo acusador de entonces hubiera señalado el camino de la represión de estos años, un dedo que apunta hacía los alborotadores de lo que entienden ellos como el orden normal de las cosas, agachar la cabeza de camino hacia la miseria social.

Hace poco se conmemoró el 50 aniversario del discurso de Martin Luther King “Yo tengo un sueño”. Desde todas las instituciones se reclamaba la vigencia del mensaje de Martin Luther King, pero solamente aquella parte del mensaje que no incomoda al poder; censurando toda la otra parte radical, decidida y anticapitalista. Sepan ustedes que los herederos de Martin Luther King son todos estos activistas sociales que siguen aplicando la acción directa no violenta contra todas aquellas leyes injustas que llevan a la mayoría social a la miseria, son todos estos activistas de los escraches, de las concentraciones, de las ocupaciones, de las manifestaciones, de la resistencia pacífica. Activistas sociales y políticos que luchan contra un poder cada vez más deslegitimado, poder que no duda en usar la violencia represiva para seguir manteniendo los intereses y los privilegios de una minoría que se sigue enriqueciendo aún más con la crisis.

La Coordinadora Anti Represión de la Región de Murcia, coincidiendo con el primer aniversario de la brutal carga policial del 14 de noviembre de 2012, organiza los días 13 y 14 de noviembre en Murcia unas jornadas para denunciar públicamente la institucionalización de la represión como método de contención de la protesta social, de forma que se haga visible lo que permanece invisible, para verbalizar aquello que aún permanece en silencio. En palabras del propio Martin Luther King: “(…) los que seguíamos la senda de la acción directa no-violenta no somos quién creamos la tensión. Nos limitamos a traer a la superficie la tensión oculta que se hallaba en estado latente desde mucho antes. La sacamos a la luz, porque así se la puede ver y actuar en consecuencia. Lo mismo que un tumor que no se puede curar mientras siga oculto, y que debe abrirse en todo su horror a los remedios naturales del aire y de la luz, la injusticia tiene que exponerse, con toda la tensión que esta exposición crea, a la luz de la conciencia humana y al aire de la opinión nacional si es que existe el deseo de subsanarla.”

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