Democracia real: Ciudadanía, participación, soberanía popular

Democracia

David Llorente, militante de Izquierda Anticapitalista

Decir democracia no es decir cualquier cosa. Decir democracia es decir gobierno del pueblo, poder popular. En su concepción clásica, que se remonta a la Grecia antigua, la democracia encuentra su espacio natural en la plaza y su método en el debate abierto y la participación directa. Esta concepción seguía vigente en las grandes revoluciones que abrieron la Edad Contemporánea en amblas orillas del Atlántico. Era la concepción invocada por pensadores ilustrados como Rousseau o por artífices de la Revolución Americana como Jefferson o Lincoln, para quien la democracia es el “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.” Esta misma concepción fue también la que inspiró la Comuna de París y la que se reivindicaba en la tradición socialista clásica, en la que democracia y socialismo iban de la mano en un vínculo de implicación mutua.

La democracia planteó un desafío revolucionario no sólo en su momento a la nobleza y las monarquías absolutistas, sino también después a la burguesía como nueva clase dominante en la sociedad capitalista. La participación directa y sin restricciones de la mayoría desposeída en la toma de decisiones suponía para la burguesía la amenaza de expropiación y redistribución de la riqueza. Con el desarrollo del capitalismo y el ascenso de la burguesía comenzó por ello a desmarcarse de la concepción clásica de la democracia una concepción revisionista liberal en la que la democracia quedó identificada con un método por el que las élites adquieren el derecho a gobernar en nombre del pueblo mediante una competición electoral. Esta concepción, que se volvió hegemónica en el siglo XX, restringe los derechos de ciudadanía a ciertos derechos civiles y políticos; reduce la participación política a la elección de representantes; y retrae la soberanía popular del control y la gestión de los recursos productivos, que permanecen bajo control de la clase capitalista en la esfera autónoma de los mercados.

Que este régimen político no constituye una verdadera democracia se ha hecho particularmente evidente en el curso de la actual crisis económica. Capitalistas y banqueros han hecho valer su poder estructural para imponer los costes de la crisis a la mayoría de la sociedad después haberse embolsado los beneficios. Para ello han contado con la complicidad de gobiernos dóciles que han rescatado con dinero público a los culpables de la crisis mientras recortan nuestros derechos. Han llegado incluso a modificar la constitución al dictado del capital financiero y sin consultar al pueblo para encadenarnos al pago de una deuda que no es nuestra. Lo único que nos ofrece este régimen delegativo es aguantar el engaño y esperar a otras elecciones mientras nos roban, reprimen y hunden en la miseria para seguir alimentando el poder y el privilegio de una minoría. Ante semejante estafa, multitudes indignadas hemos llenado calles y plazas para proclamar que no nos representan, que esto no es democracia, que queremos democracia real ya. Frente a la concepción liberal desvirtuada, lo que estamos reivindicando es la concepción genuina y clásica de la democracia, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo que implica, en su sentido pleno, ciudadanía, participación y soberanía popular.

Democracia real es gobierno del pueblo. Y no hay un pueblo constituido como tal si no hay inclusión social y dignidad para todas las personas, si no hay ciudadanía plena. Decía Winston Churchill que en una democracia si llaman temprano a la puerta de tu casa lo más probable es que sea el lechero. Hoy en nuestro país la policía puede tirar abajo tu puerta a cualquier hora para echarte por la fuerza de tu casa porque una empresa con beneficios te ha despedido y no puedes hacer frente a los intereses de una banca usurera rescatada con dinero público de tus propios impuestos. La Constitución Española reduce los derechos económicos y sociales a meros ‘principios rectores’ de las políticas públicas. Y los derechos civiles y políticos, que son consagrados como derechos fundamentales, están siendo crecientemente vulnerados y recortados. La ciudadanía plena requiere el respeto y la garantía efectiva de todos los Derechos Humanos, tanto civiles y políticos como económicos y sociales. La libertad de expresión, reunión y manifestación o el derecho al sufragio son tan importantes como el derecho a la salud, la educación, el empleo o la vivienda. Todos son derechos fundamentales para una vida libre y digna y todos deben tener igual vigencia, respaldo y consideración jurídica.

Democracia real es gobierno por el pueblo. Y ello implica participación política plena en la deliberación y la toma de decisiones. La democracia no puede reducirse a la elección periódica de representantes, menos aún si esta es una forma de obtener carta blanca para hacer después lo que les plazca. La participación política del pueblo debe ser tan directa como sea posible y tan frecuente como sea necesaria. Esta puede ejercerse desde el nivel local, por ejemplo en asambleas vecinales para diseñar los presupuestos municipales, hasta niveles más amplios, mediante iniciativas legislativas populares y referendos vinculantes. En la medida en que sea necesario recurrir a mecanismos representativos, estos deben acompañarse siempre de estrictos mecanismos de control democrático, como programas electorales jurídicamente vinculantes o referendos revocatorios de cualquier cargo. En una democracia real la soberanía reside permanentemente en el pueblo y la representación debe estar condicionada a su mandato. Es el gobierno el que debe temer al pueblo, y no a la inversa, y el que debe temer además el control de una judicatura independiente, por lo que los políticos no pueden nombrar a los jueces ni indultar en ningún caso a torturadores y corruptos.

Democracia real es, por último pero no menos, gobierno para el pueblo. Y ello implica soberanía popular plena y efectiva sobre todo aquello que afecta a nuestras vidas. El crédito, la energía, el agua, el transporte, la salud, la educación, la vivienda, las pensiones… no pueden ser privilegios condicionados al poder adquisitivo o al lucro de banqueros, ‘fondos buitres’ de inversión o juntas de accionistas. Son derechos sociales que deben estar garantizados por servicios públicos financiados mediante una fiscalidad justa y progresiva. No podemos permitir que los políticos sigan legislando a la medida de los bancos y compañías privadas que nos explotan con intereses usureros y facturas prohibitivas y para ello hay que poner fin de una vez a las ‘puertas giratorias’ entre cargos públicos y consejos de administración de bancos y grandes empresas. La soberanía popular debe someter a los mercados y extenderse plenamente a la esfera económica, debe garantizar el control social de los sectores estratégicos y la planificación democrática de la economía para ponerla al servicio de las necesidades básicas de la ciudadanía.

Ciudadanía, participación y soberanía popular plenas: Estos son los principios y líneas fundamentales que deben guiar un proceso popular constituyente para construir desde abajo una democracia real. ¡Transformemos nuestra indignación en poder popular!

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