Manifiesto ¡NO al TTIP! Murcia

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Las personas, el medio ambiente y la democracia antes que los beneficios y los derechos de las corporaciones

Las organizaciones abajo firmantes, rechazamos las actuales negociaciones sobre los tratados internacionales de libre comercio e inversión denominados TTIP, CETA y TISA, que se están negociando actualmente y de forma totalmente opaca, entre la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y otros países, que pretenden debilitar la soberanía democrática de los pueblos frente a los intereses del poder económico.

Mostramos nuestra preocupación por las graves y diversas amenazas que plantean dichos tratados, en materia laboral, ambiental, seguridad alimentaria, democracia, etc.

Creemos que es imprescindible garantizar un debate político público, transparente y democrático, y que todos los acuerdos deben servir al interés público y a nuestro futuro común, al contrario de lo que se está gestando.

¿Qué son los tratados TTIP, CETA y TISA?

Son acuerdos bilaterales de gran alcance que se están negociando actualmente entre la Comisión Europea (en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea -UE) y los gobiernos de los Estados Unidos (EEUU), Canadá y otros:

TTIP, es el tratado de libre comercio e inversiones negociado entre la UE y EEUU.
CETA, es el tratado de libre comercio negociado entre la UE y Canadá. Ya firmado, pero pendiente de ratificación.
TISA, es un acuerdo sobre el Comercio de Servicios, un tratado que la UE tramita paralelamente con 50 países, entre ellos EEUU, Australia, Japón, México y Canadá.

Estos tratados son el camino que han encontrado las grandes empresas transnacionales para tomar el poder, más allá de la cáscara democrática que dicen defender.
Negocian altos funcionarios de las partes que buscan el acuerdo, pero detrás de ellos están dirigentes de gigantescas empresas y sus lobbys.

Negociaciones realizadas hasta ahora en absoluto secreto, tanto hacia la ciudadanía, como a nuestros representantes democráticos, en el Parlamento Europeo y en los parlamentos nacionales. Esto dificulta el control democrático y ciudadano para evitar que se ponga en segundo plano el interés general frente al interés privado de empresas y lobbys.

La presión ciudadana ha obligado a la Comisión y al Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno a romper, muy parcialmente, su secreto. Solo declaraciones de intenciones, directrices. Nada de consensos consolidados. Aún así, han puesto al descubierto sus mentiras y verdaderos propósitos.

¿Qué nos preocupa?

La Unión Europea y los Estados Unidos votaron en contra de la resolución histórica del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada el 26 de junio de 2014, en Ginebra, para establecer un grupo de trabajo intergubernamental bajo el mandato de elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante, que obligue a las grandes transnacionales y a otros inversores a cumplir las normas para proteger los derechos humanos.

Según afirmaciones de sus responsables, el TTIP y el resto de Tratados Bilaterales, darán lugar al 80% de sus beneficios, por la vía de “reducir los costes” impuestos por la burocracia y las reglamentaciones, así como de liberalizar el comercio y la contratación pública.
Parece que consideran caro el respeto a los derechos humanos, y estiman más importante el lucro de todos estos grupos de interés. En este nuevo orden mundial los Estados y las personas que los conformamos nos veremos reducidas al vasallaje a las multinacionales.

Por eso el TTIP no debe ser visto como un “acuerdo comercial”, sino como algo más cercano a una declaración de derechos corporativa que consagrará la autoridad de las multinacionales sobre los gobiernos, y colocará a las personas y el planeta aún más bajo su dominio.

Y en esta pérdida de soberanía popular y abaratamiento de costes para las multinacionales, hay dos piezas clave:

El Mecanismo de Solución de Diferencias entre el Estado y el Inversor (ISDS). El ISDS brinda a los inversores derechos exclusivos para demandar a los Estados cuando consideren que alguna decisión democrática -realizada por instituciones representativas y para el interés general- se considera que puede tener impactos negativos en sus ganancias presentes o futuras. Estos mecanismos se basan en juicios fuera de los tribunales nacionales. Se llevan a cabo ante uno de los tribunales de arbitraje amparados por el Banco Mundial, o por cualquier otro organismo internacional. Tribunales privados, que siempre fallan a favor de las empresas como se ha ido viendo en tratados anteriores. De una u otra forma, todo el poder quedará blindado para las transnacionales, nada para la ciudadanía.

Con ello se socavan los sistemas legales de las naciones, así como la soberanía democrática de la sociedad para la formulación de leyes y políticas de interés público.

El Consejo de Cooperación Regulatoria: nueva estructura antidemocrática de gobierno, y de procedimientos que tienen como objetivo “armonizar las regulaciones”. Estas estructuras permitirían que las decisiones tomadas en el marco del TTIP sean constantemente presionadas en secreto por burócratas no electos y grandes lobbies empresariales. Estas estructuras no democráticas amenazan con rebajar importantes normas y reglas diseñadas para la protección de los intereses públicos, o prohibir futuras mejoras, independientemente de su necesidad y del mandato público.
También nos preocupa el objetivo de fortalecer la protección de los “derechos de propiedad intelectual”, que tal como está planteado, ataca algunos de nuestros derechos básicos como la salud, la educación, la cultura y la libertad expresión.
También se imposibilitará las remunicipalizaciones de servicios públicos privatizados, gracias a cláusulas de irreversibilidad del TISA.

¿Qué queremos?

Sobre la base de los valores de la solidaridad internacional, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el respeto de todos los derechos humanos exigimos:

a) Transparencia inmediata. Que se hagan públicos los textos de negociación y se permita y promueva un debate público abierto y crítico sobre los tratados TTIP, CETA y TISA.

b) NO al ISDS: nos oponemos a los mecanismos de solución de diferencias entre el estado y el inversor. Mantenemos con firmeza la soberanía de nuestras sociedades y de nuestros pueblos para la toma de decisiones.

c) NO al Consejo de Cooperación Regulatoria: toda la regulación de las operaciones comerciales, las condiciones del comercio y el establecimiento de estándares de producción del producto deben estar en manos de los órganos y procesos controlados democráticamente.

d) NO a la desregulación y a la rebaja de los estándares de protección y al servicio del interés público: el nivel de las normas sociales y laborales, de los consumidores y de la salud pública, la protección del medio ambiente, incluyendo la regeneración de nuestros recursos naturales, el bienestar animal, las normas sanitarias de los alimentos y las prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles, el acceso a la información y al etiquetado, la cultura y la medicina, la regulación del mercado financiero, así como la protección de datos y otros derechos digitales que se deben mejorar, y no «armonizar» hasta el más bajo común denominador. El reconocimiento mutuo de estándares no es aceptable en la medida en que socava los niveles de protección acordados democráticamente. Hay que garantizar que se aplica el principio de precaución.

e) No a la privatización de los servicios públicos. Defendemos el acceso universal a una educación de calidad, a la atención a la salud y otros servicios públicos como instrumentos para sostener la reproducción social de la vida y como una contratación pública que promueve el empleo local y las economías locales, la discriminación positiva, el emprendimiento social, la economía sostenible, el cuidado de las personas y al servicio del interés público. En este sentido hay que tener presente que los efectos de la privatización de los servicios públicos en diferentes ámbitos tienen un especial impacto en las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres.

f) La promoción de prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente y la protección de la pequeña agricultura familiar.

g) Las instituciones públicas deben mantener el poder político y las estructuras necesarias para proteger ciertos sectores sensibles y salvaguardar las normas importantes para nuestra calidad de vida. Las normas laborales y ambientales internacionalmente acordadas deben ser respetadas. La violación continua de las normas del trabajo debe ser objeto de sanciones.

Finalmente defendemos la construcción de unas relaciones y políticas comerciales entre nuestros pueblos que pongan en primer lugar las personas y el planeta, garantizando:

· Los derechos humanos universales e inalienables de todas las personas, incluidos los derechos a una alimentación adecuada, agua, salud, derechos sexuales y reproductivos, integridad física y psíquica, ropa, vivienda, educación, protección social, movilidad, cultura, ocio y un medio ambiente limpio.

· Un trabajo decente, que permita a la gente vivir una vida digna, incluyendo una renta adecuada y los derechos laborales.

· El reconocimiento del trabajo reproductivo y del cuidado y de los trabajos informales de servicio a las personas y a la comunidad. Garantizar una redistribución equitativa y una reorganización socioeconómica, de forma que no recaigan en exclusiva en las mujeres las tareas del bienestar cotidiano, así como la igualdad de salarios para hombres y mujeres.

· Una transición a una economía de bajas emisiones de carbono, que no se base en un consumo excesivo, sino en el uso social y ecológicamente responsable de los recursos, y que permita una vida digna sin poner en peligro el apoyo de otras personas, generaciones futuras, así como de la agricultura, de la flora y la fauna.

· Lograr una democratización significativa en todos los niveles de toma de decisiones.

· La lucha contra la pobreza y el establecimiento de nuevas relaciones de solidaridad y equidad entre hombres y mujeres y con las personas de otras regiones y el respeto de los derechos de las personas refugiadas e inmigrantes.

· El aumento global del nivel de bienestar social, ambiental y económico.

NO AL TTIP. NO A LOS ACUERDOS DE COMERCIO E INVERSIÓN.
NO AL GOBIERNO DE LAS TRANSNACIONALES.
SÍ A LA SOBERNÍA DE LOS PUEBLOS

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

Ecologistas en Acción – Región Murciana
Confederación General del Trabajo (CGT)- Murcia
Coordinadora Anti Represión – Región de Murcia
PODEMOS – Región de Murcia
Izquierda Unida-Verdes Región de Murcia
Plataforma Ciudadana “La Cuenca del Segura Libre de Fracking”
Greenpeace Murcia
Yayoflautas Murcia
Anticapitalistas Murcia
Asociación Birken
Equo Región de Murcia
CliAS Alternativa Socialista
Eurodiputada Lola Sánchez
Podemos Cartagena
Agrupación Electoral “Cartagena Sí se puede”
Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios. CONSUMUR
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Murcia

 

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